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.Universidad del Valle de México :: Rectoría Institucional. Episteme No.4. Año 1, Abril-Junio 2005
Dirección Institucional de Investigación e Innovación Tecnológica


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Fobaproa…el costo que todos pagamos

 

Ana Isabel Franco Cano, María Mussmet Hernández Rivero y Cristina Elizabeth Maldonado Martínez
UVM - Campus San Ángel

 

Resumen
La creación del FOBAPROA como garantía de la banca y la protección de los intereses de los ahorradores es una responsabilidad que el gobierno no podía eludir. Sin embargo, permitir que deudores -sobre todo grandes empresarios- transfirieran las consecuencias de un manejo indebido, no tienen nada que ver con el interés público, más aún si se considera que las pérdidas serán asumidas por todos los contribuyentes.

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Introducción :: Antecedentes :: Un primer acercamiento al FOBAPROA ::

De rescate bancario a deuda pública :: FOBAPROA: expediente abierto :: Conclusiones ::

Referencias bibliográficas :: Bibliografía

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Introducción

Este artículo es parte del trabajo presentado en el III Congreso Institucional de Investigación Estudiantil -organizado por la propia Universidad del Valle de México- y parte de una investigación histórico descriptiva fundamentada en la interrogante ¿Cuál es el beneficio que arrojó el proyecto FABAPROA para la economía mexicana?

En este sentido se hace mención de beneficiarios y perjudicados, describiendo sectores y organizaciones que intervienen en ese proyecto y la función que desempeña cada uno de éstos, a la vez que compara su propósito original con los resultados obtenidos.

Si el FABAPROA se creó como apoyo a la economía mexicana, debido a la crisis que enfrentó el país en 1994, entonces los resultados arrojados fueron positivos, en tanto la economía mexicana no se vio sumergida en una recesión permanente.

Sin embargo, gran parte de la población que generalmente desconoce de los aspectos que afectan a la economía mexicana, sus prácticas y consecuencias en el grueso de la sociedad mexicana, seguramente ha sido impactada y tenido que absorber sus efectos directos y derivados de la instrumentación del fondo bancario.

Retomar el tema del FOBAPROA en este trabajo de investigación tiene su sustento en hacer que las personas, pertenezcan al nivel social y económico que sea, tengan un acercamiento a lo que es este proyecto de apoyo a la economía.

A su vez esta investigación refleja que nació como una gran idea con bases firmes y que no es un error, el error está en el manejo de los recursos monetarios de que disponía esta estrategia preventiva.

Por está razón se mencionan los antecedentes directos, comenzando por los sexenios de Salinas y Zedillo, para comprender lo que originó la crisis económica tan severa que desató una serie de factores que hasta la fecha no han podido ser controlados para fomentar un crecimiento estable.

Posteriormente, se abordan los costos derivados de su instrumentación, expresando lo oneroso que representa para los ciudadanos mexicanos. Se mencionan los bancos y personajes relacionados con este fenómeno de la economía del país, tomando como base artículos periodísticos y textos que comprueban con documentos, varias de las irregularidades en que se incurrió.

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Antecedentes

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se mantuvo la política de liberalización que, por la crisis económica que heredaba, necesitaba encaminarse hacia la estabilización de la economía, estancada principalmente por el pago de la deuda externa que obligaba a transferir recursos (divisas) al exterior.

En 1992 se anunció la reprivatización de los bancos y la firma del Tratado de Libre Comercio, promoviendo con esto la entrada de inversiones extranjeras al país y que México fuera visto como un país confiable que se adaptaba al modelo neoliberal, además de que en este sexenio fue cuando se desincorporó la mayor cantidad de empresas paraestatales de una manera estratégica, buscando cuidar los recursos de la nación.

La crisis de 1994-1995

Al comenzar el último año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, aunque había indicadores positivos en la economía como la reducción de la inflación y el crecimiento del PIB, algunos mostraban signos preocupantes, como los siguientes:

Aumentos significativos en el déficit en cuenta corriente
Sobrevaluación del peso con relación al dólar
Aumento en la emisión de los tesobonos "(instrumentos de deuda pública interna denominados en dólares)
Insuficiencia del ahorro interno
Aumento de la cartera vencida de los bancos, debido básicamente al aumento en las tasas de interés de la banca comercial

Lo anterior, aunado a una serie de disturbios en la seguridad del país, como producto de los asesinatos políticos y la rebelión de Chiapas, lo que provocó que las inversiones en el país sufrieran un drástico decremento.

El tan nombrado error de diciembre, se resume en que las autoridades tomaron la decisión de liberar la protección que tenía el peso y que se dejara llevar por el mercado, lo que elevó el nivel del dólar, estallando la crisis que impactó todos los ámbitos de la economía mexicana.

Rescate financiero internacional

El apoyo financiero internacional otorgado a México fue promovido por el gobierno Estadounidense a través del presidente William Clinton, quién impulsó la conformación de un paquete de rescate por 51,159 millones de dólares, ayuda que se vio truncada temporalmente por el Congreso Estadounidense, pero que finalmente logró formalizarse mediante un paquete llamado Acuerdo Marco entre México y Estados Unidos para la Estabilización Económica de México, firmado el 21 de febrero de 1995, para lo cual fue necesario cumplir una serie de requisitos que fueron duramente criticados porque se ponían en juego puntos clave de la economía y que fueron avalados por el Gobierno Mexicano.

"Para 1996, como resultado de las severas medidas aplicadas en política económica, la situación de emergencia había sido superada; en enero de 1997, el gobierno de Zedillo pudo realizar un pago de 3,500 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos, tres años antes del plazo pactado". [1]

Medidas del gobierno mexicano para frenar la crisis.

El 3 de enero de 1995 el presidente Ernesto Zedillo anunció el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE) suscrito por los sectores firmantes del PABEC. Consecuentemente el 9 de marzo del mismo año, el gobierno dio a conocer el Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para la Emergencia Económica (PARAUSEE).

Rescate bancario: ADE, UDI's y FOBAPROA-IPAB

"Entre los primeros programas instrumentados (entre enero y marzo de 1995), los más destacados fueron: la ventanilla de liquidez en dólares, dirigida a resolver el problema de liquidez proveniente de la necesidad de renovar pasivos de corto plazo denominados en dólares, y el Programa de Capitalización Temporal (PROCAPTE), que inyectó liquidez a los bancos por medio de la adquisición de cartera crediticia por parte del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA)" [2]

Fue necesario crear un acuerdo de emergencia entre la banca y los deudores a fin de establecer un marco adecuado para reestructurar los débitos y disminuir los riesgos de la cartera vencida, repartiendo los costos entre la banca, el gobierno y los deudores, razón por la cual se creó el Acuerdo de Apoyo Inmediato para Deudores de la Banca (ADE).

Programa de Reestructuración para los Débitos en Unidades de Inversión (UDI). A fines de marzo de 1995, fue aprobada la creación de una nueva unidad Monetaria de valor real constante, que podría usarse como referencia para toda clase de transacciones financieras.

En el momento de su creación, la UDI tuvo un valor de $1.00, que evolucionaría luego. Con esta medida, los ahorros de las personas que invirtieran en UDI quedaban protegidos contra la erosión del valor real de la moneda, derivada de la inflación y, en virtud de que los pagos de intereses se definían en términos de una tasa real positiva, también estarían protegidos contra el riesgo inflacionario.

Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA). Fue creado en 1990, como un seguro de depósitos financiado por los propios bancos, aún en manos del gobierno, para cubrir en el futuro los recursos faltantes por préstamos incobrables, y para garantizar los depósitos de los ahorradores sin afectar las finanzas públicas.

Se trataba de un instrumento preventivo, "una combinación razonable de protección al ahorro y al erario público e incentivos a los inversionistas, para supervisar el desempeño de las instituciones financieras; sin embargo, “tras la crisis iniciada en diciembre de 1994, el FOBAPROA se utilizó como un instrumento correctivo formando parte de los programas para sanear a los bancos cuya cartera era incobrable" [3]

Las cifras positivas de la economía mexicana se mantuvieron durante los años siguientes de la administración zedillista, auque el PIB no mantuvo el ritmo de crecimiento logrado para 1997. En el año 2000, cuando una de las grandes preocupaciones del presidente Zedillo era la de evitar una nueva crisis de fin de sexenio, los principales indicadores económicos mostraron comportamiento favorable y pudo entregar el poder con el logro de una economía estable.

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Un primer acercamiento al FOBAPROA

EL Fondo Bancario de Protección al Ahorro fue creado en 1990 como parte de las medidas que antecedieron la reprivatización del Sistema Bancario Mexicano.

Es heredero de otro fondo similar, constituido para los bancos nacionalizados: el FENAPRE. Se trataba de un instrumento preventivo, "una combinación razonable de protección al ahorro y al erario público e incentivos a los inversionistas, para supervisar el desempeño de las instituciones financieras". Sin embargo, tras la crisis iniciada en noviembre de 1994, el FOBAPROA se utilizó como instrumento correctivo formando parte de los programas para sanear a los bancos cuya cartera era incobrable.

Los principales programas de apoyo a los bancos por medio del FOBAPROA, fueron los de capitalización y compra de cartera de créditos de bancos, y los de intervención y saneamiento.

El FOBAPROA adquirió derechos sobre una cartera seleccionada por los bancos, aunque éstos mantuvieron la responsabilidad de la cobranza y la administración de los créditos. Los derechos fueron transferidos por los bancos a un fideicomiso administrado por ellos mismos, cuyo beneficiario era el FOBAPROA y, a cambio de estos derechos, los bancos recibieron pagares a diez años respaldados por el gobierno federal, los cuales devengaban intereses (capitalizables trimestralmente) pero solo eran liquidables al vencimiento y no eran negociables.

"Se decidió realizar trece intervenciones y no declarar una sola quiebra. El FOBAPROA tuvo que aceptar las pérdidas de nueve instituciones intervenidas, que ascendieron a 69,833.6 millones de pesos (MDP) y, adicionalmente, aporto 11,348.1 MDP, como capital necesario para que, una vez saneadas las instituciones, pudieran seguir operando y se vendieran como negocio en marcha. Así, "en vez de que las instituciones fueran deudoras de la nación, la nación se convirtió en deudora de las instituciones bancarias" [4].

A mediados del año 2001, los pasivos del FOBAPROA ascendían a 754,761 millones de pesos, que se sumaban a los 734,344.2 MDP de la deuda pública interna, además de los 82,696.9 millones de dólares de la deuda pública externa [5]. Con la deuda suscrita en el curso del rescate bancario, el gobierno realizó erogaciones en efectivo equivalentes a 168,000 millones a junio de 1999.

Los intereses anuales que deberán pagarse por este adeudo heredado del FOBAPROA ascienden aproximadamente a 15,000 millones de pesos, equivalentes a una sexta parte de los ingresos del Gobierno Federal.

La nula disposición para rendir cuentas claras de las operaciones realizadas y los recursos públicos comprometidos provocó que el rescate bancario se convirtiera en un problema político de grandes proporciones.

Por su parte, la opinión pública sigue pensando que la operación de rescate de otros bancos es una especie de "caja negra" que el gobierno se opone a abrir, porque al hacerlo quedarían al descubierto las concesiones otorgadas a los grupos empresariales que durante los últimos años han concentrado los privilegios del régimen.

Conviene precisar que hasta ahora, han resultado infructuosos todos los intentos de algunos legisladores de la oposición, incluidos algunos diputados panistas, para que el gobierno rinda cuentas claras de las acciones realizadas y haga pública la lista de los principales beneficiarios del rescate.

Costo fiscal 

Aunque es muy difícil hacer los cálculos con precisión debido a su complejidad, es indudable que el dispendio observado como consecuencia de la intervención gubernamental, fue considerablemente menor al que hubiera representado el colapso del sistema bancario.

"El drástico aumento de las tasas de interés que se registró en los mercados financieros durante esos meses de 1994 hizo que muchos deudores, incluyendo a muchos que hasta ese momento se encontraban al corriente de sus compromisos con los bancos, incurrieran en retrasos. El colapso del sistema bancario pudo evitarse gracias a la intervención del gobierno, que impidió primero una crisis de liquidez y, más tarde, permitió que los bancos eliminaran de sus balances una parte importante de sus carteras vencidas, a cambio de que sus accionistas incrementaran su capital. En algunos casos, no quedó otra alternativa que proceder a la liquidación de las instituciones mediante mecanismos diversos de venta y fusión. En otras, la transferencia se hizo de manera directa entre los viejos y los nuevos dueños, con la modalidad de que los viejos accionistas aportaran una pequeña fracción del nuevo capital y quedaran como parte minorista. Este es el caso sobre todo de los bancos Probursa y Mexicano, que pasaron a control de BBV y Santander". [6]

Un componente del costo fiscal está representado por los impuestos diferidos que tiene los bancos a su favor, como consecuencia de las reservas creadas para riesgos crediticios. Como consecuencia, los bancos que tiene esos créditos podrán descontarlos de sus utilidades de los próximos años, lo que significa que el gobierno no percibirá los impuestos correspondientes.

El costo fiscal, es el precio que tendrá que pagarse con los recursos de todos los mexicanos. Este costo se calcula una vez que a los pasivos totales del saneamiento financiero se les resta el valor que se obtendrá por la venta de los activos en poder del IPAB.

El costo fiscal se convirtió en una sombra para nuestra economía y una cifra prohibida para el poder Legislativo y para el público en general, porque cada uno de los mexicanos que contribuyen con impuestos, colaboran a sanear esta deuda y cada uno de los habitantes de este país lleno de corrupción, dejan de ver los beneficios de un gasto de gobierno bien aplicado.



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De rescate bancario a deuda pública 

Como se sabe, el escándalo estalló cuando, a finales de marzo de 1998, el gobierno solicitó al Congreso de la Unión la conversión de la deuda del FOBAPROA en deuda pública. El argumento central para defender esta demanda fue la necesidad de evitar una crisis más profunda. La controversia sobre el FOBAPROA se extendió a lo largo de los nueve meses que siguieron a la presentación de la iniciativa.

"Al cabo de ese largo periodo, el Partido Acción Nacional (PAN) cedió. El 12 de diciembre de ese mismo año unió sus votos a los del PRI para aprobar dicha conversión y la sustitución del FOBAPROA por el IPAB.

"Las cifras oficiales indican que, a junio de 1999, el valor de las transferencias directas recibidas por los bancos sumaban 168,000 millones de pesos, el total de pasivos a cargo del IPAB era de poco más de 760,000 millones de impuestos diferidos. El costo fiscal de la crisis bancaria a esa fecha era de 958,000 millones de pesos, a este monto habría que sumar los nuevos apoyos a Serfín y a Bancrecer, más los costos adicionales a lo ya estimado para las transferencias de Banco de Atlántico y Banco Promex a Bital y Bancomer, respectivamente. A reserva de conocer los costos adicionales mencionados y las recuperaciones por venta de los activos, el costo neto del rescate bancario a finales de 1999 se acercaría a los 900,000 millones de pesos aproximadamente". [7]

"Los pagares estaban en manos de los banqueros y el gobierno debía pagarlos, por esta razón se convino aumentar la deuda pública en 552,000 millones de pesos". [8]

“El IPAB sigue siendo el instrumento de las prioridades y decisiones de la administración. El IPAB está funcionando sin la presencia del gobernador del Banco de México y el presidente de la CNBV, como resultado de la disposición incluida en el Articulo segundo transitorio de la ley que lo creó, mismo que prohíbe la participación de funcionarios involucrados en el FOBAPROA". [9]

Banqueros y gobierno

Muchos banqueros fallaron a la confianza que se depositó en ellos al realizar operaciones cruzadas. No les importó el prestigio ni el daño que estaban provocando en el sistema bancario, al que ingresaron con el objetivo de obtener ganancias en el corto plazo y no con el propósito de mantenerse como banqueros de largo plazo.

"En el FOBAPROA el gobierno revolvió, en una sola gran canasta, los créditos cobrables con los incobrables, los regulares con los irregulares, los justos con los injustos, los buenos con los malos, tanto de la Banca Privada intervenida (Confía, Unión, Cremi, Banpaís, Anáhuac, Centro, Oriente, Obrero, Interestatal, Sureste, Capital, Industrial, Pronorte; Inverlat) como de la Banca no intervenida (Banamex, Bancomer, Bital, Serfín, Santander Mexicano. Probursa) y, junto con el rescate carretero (ICA, Bufete Industrial, Tribasa, G.M.D.), todo esto llegó a un monto conocido en ese entonces de 552,300 millones de pesos y en diciembre de 199 la suma ascendía a 900,000 millones de pesos". [10]

"En el FOBAPROA revolvieron, además, la cartera vencida, tanto la de origen fraudulento, ilegal, como de origen regular de la Banca de Desarrollo (Banca Nacional de Comercio Interior, Banpesca, Banobras, Nacional Financiera, Bancomex), actualmente como 100,000 millones de pesos. En esa misma canasta negra, incluyeron los pasivos por concepto del apoyo a cientos de miles de pequeños deudores y deudores familiares de buena voluntad (programadas ADE, FOPYME, FNAPE y VIVIENA) que no pudieron pagar sus créditos por los altos intereses.

"En este movimiento había 1,325 grandes deudores y medianos deudores, aproximadamente, cuyo crédito originalmente rebasaba los 20 millones de pesos entre los cuales se encontraban empresas como Aeroméxico, Mexicana, Grupo Lomelí, Estrella Blanca, el club de fútbol Monterrey, Taesa, Syncro, SIDEC, Hoteles Camino Real, entre muchas otras y, además, miles de pequeños deudores y deudores familiares". [11]

La búsqueda de la normalización de la actividad bancaria y la protección de los intereses de los ahorradores son responsabilidad que el gobierno no podía eludir, sin embargo, el permitir que muchos deudores, sobre todo grandes empresarios que actuaron sin profesionalismo permanezcan impunes, son cosas que no tienen nada que ver con el interés público, más aún si se considera que las pérdidas que aquellos ocasionaron deberán ser pagadas por el contribuyente.

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FOBAPROA: expediente abierto 

Según el criterio del Lic. Andrés M. López Obrador y a manera de denuncia, el antecedente primordial que propicia el surgimiento del FOBAPROA es el desplome bancario en México y la decisión del Presidente Ernesto Zedillo Ponce De León de convertir la deuda privada de un grupo de banqueros y grandes empresarios en deuda pública, con base en la red de complicidades y componendas que existen entre el poder económico y el poder político.

Se muestra con claridad que la política económica del gobierno tiene como principal lineamiento privilegiar los intereses financieros sobre las demandas sociales y aún sobre el interés público. Es evidente que la política económica busca la prosperidad de unos cuantos, sin interés alguno en el destino del país y, mucho menos, en los reclamos de todo un pueblo que se ahoga en la injusticia y la pobreza.

Algunos banqueros aprovecharon el FOBAPROA para sacar provecho y utilizarlo en su beneficio y -sin escrúpulos- decidieron convertir deudas privadas en públicas y de esta manera perjudicar a la sociedad y la gran mayoría de la población; quien será la que finalmente asumirá la deuda.

Durante los últimos cuatro años, el gobierno destinó recursos del presupuesto público por cerca de 100 mil millones de pesos para el programa de saneamiento financiero. Asimismo, mientras los banqueros tendrán todo un festín presupuestario, el gasto en salud para la mayoría de los mexicanos será verdaderamente raquítico.

El enorme golpe que significa el manejo del FOBAPROA, tiene dimensiones nunca antes vistas en la historia de las finanzas públicas del país. En este año, la deuda pública, incluida el FOBAPROA, representa 45.8% del PIB, es decir, casi la mitad de toda la riqueza que México producirá.

Ante el impacto que tendrá en el presupuesto nacional, sólo hay cuatro opciones desafortunadas: recortar el gasto, incrementar los impuestos, aumentar el déficit fiscal o vender bienes de la nación. Es decir, bajo cualquier escenario, el costo del FOBAPROA va a ser oneroso para la sociedad.

La deuda del FOBAPROA no se contabilizará en el presupuesto federal, sino que quedará como deuda clandestina, flotando en el limbo. Pero, habrá que pagar intereses reales de 11.5%, es decir, la tasa de interés de CETES más dos puntos, menos la tasa de inflación (12.5 %).

Como quiera que se le vea, el futuro de la economía del país es incierto. Las finanzas públicas están virtualmente en quiebra. Sólo el milagro de precios del petróleo muy altos podría atemperarla. Hacia adelante tendrá que buscarse una solución de fondo.

Lo primero debe ser dejar de ocultar el tamaño de la deuda pública derivada del FOBAPROA y hacer a un lado la doble contabilidad que se pretende manejar, la cual todavía no sabemos en qué condiciones la está aceptando el Fondo Monetario Internacional.

Luego tendrán que venir las alternativas: ­reforma fiscal, austeridad, combate a la corrupción, eficiencia administrativa, buscando el menor costo social y sin continuar vulnerando la soberanía. Pero en cualquier escenario, el pueblo exigirá a los responsables de esta crisis la reparación del daño y la rendición de cuentas.

Por eso, el caso del FOBAPROA no está cerrado, ni es cosa juzgada, sino un expediente abierto.

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Conclusiones

FOBAPROA tiene sus inicios en 1990 cuando sustituye al FONAPRE, surge con el fin de proteger el ahorro con cuotas o aportaciones de los bancos, mismas que disminuían el riesgo de utilizar recursos públicos que afectaran la estabilidad económica del país.

La crisis en 1994 cambiaría por completo este panorama, al dispararse las tasas de interés a niveles inusitados, lo que propicio que la cartera vencida de los bancos creciera a esos mismos niveles, dejando a la banca en una posición inoperante. El Fondo resultaba insuficiente para la magnitud del problema, así que el Gobierno actuó, comprando sus deudas.

Las sospechas de que un gran fraude se fraguaba en las más altas cúpulas del país (políticas y empresariales) comenzaban a hacer eco cuando se descubrió que existía un mal manejo de los recursos; ya que existían autopréstamos, préstamos a empresas fantasmas y familiares sin aval, ni garantía. Esto se acrecentó durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

Los Mexicanos debemos de tener siempre presente que la deuda que el gobierno adquirió con los pagares aumentó nuestra deuda interna tres veces mas y que se gastó más en el rescate bancario que en educación y salud los últimos años, además este rescate está sustentado en un optimismo ilógico en un país tan inestable como México, si las condiciones planteadas en los próximos años no seden como el gobierno supuso, el rescate podría multiplicar sus costos para los contribuyentes, ¿o es que así lo diseñaron?...

No ha habido un resultado favorable para la economía mexicana por parte del FOBAPROA, toda vez que se ha visto envuelto en una red de corrupción, en la que tanto empresarios como políticos tienen sus propios intereses apostados en este fondo y han obtenido -mediante movimientos fraudulentos- recursos monetarios que no les pertenecen, ni se pueden comprobar.

Mientras, los que asumen cada uno de esos fraudes y ese dinero no comprobado son los contribuyentes, ya que este costo es fiscal, porque al no tener los recursos necesarios el fondo se recurre a reservas fiscales creando una descompensación en este instrumento de captación de recursos que deriva en la restricción del gasto del gobierno, e impactando a su vez la retribución en beneficio de la sociedad mexicana.

Tanto sector privado como sector publico, poder legislativo y ejecutivo, no revelarán información ni aplicarán sanciones a los responsables, debido a intereses propios mezclados en este Fondo, ya que las sumas de dinero son estrepitosas y no dejarán conocer por completo a la sociedad mexicana las dimensiones del costo que tiene que pagar por su ignorancia con respecto al impacto de las políticas económicas adoptadas en el país.

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Referencias bibliográficas 

Delgado de Cantú, Gloria M (2003). Historia de México. Ed. Prentice. Cuarta Edición. México.

[1] Página 517
[2] Página 520
[3] Página 521
[4] Página 584
[5] Página 585
[6] Página 586
[7] Página 587
[8] Página 588
[9] Página 589
[10] Página 590
[11] Página 591

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Bibliografía

Ebrard Casaubón, Delgado Carrillo, Auping Birch, Solís Rosales (2000). Del Fobaproa al IPAB. Testimonios, Análisis y propuestas. México. Primera edición. Casa Abierta al Tiempo y Plaza y Valdez Editores.
Delgado de Cantú, Gloria M (2003). Historia de México. Ed. Prentice. Cuarta Edición. México.

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